¿Qué pasa con la fotocopiadora de nuestra Facultad? – ¡Acércate a firmar el petitorio!

Porque la fotocopiadora es muy importante para el funcionamiento de cualquier Facultad desde La Revuelta queremos hacerles llegar alguna información que responda a las muchas preguntas que nos están surgiendo a los y las estudiantes sobre su funcionamiento…

¿Cómo funciona la fotocopiadora?

La fotocopiadora funciona a través del procedimiento de licitación pública para seleccionar al mejor contratista o empresa que va a trabajar en la facultad, es decir que debe contar con el permiso de la misma.

¿Quién se hace cargo, hace cuánto tiempo? ¿Cómo?

Hace más de diez años la fotocopiadora funciona bajo la administración de las mismas personas. El procedimiento de la elección del mejor contratista nunca presentó la transparencia que el trámite requiere en ninguna de sus etapas, por lo que no tenemos constancia que haya cumplido con los requisitos pertinentes de toda licitación pública. Debido a las situaciones irregulares antes mencionadas es que las personas a cargo de la fotocopiadora han sido desalojadas, brindando este servicio, de forma momentánea, el actual Centro de Estudiantes. La fotocopiadora, al igual que la cantina, pagan un canon mensual al Centro de Estudiantes por la explotación de dichos servicios, conformando este canon la principal fuente de financiamiento del CED. La conducción del CED cada mes debería llamar a comisión directiva a todas las agrupaciones que formamos parte de este espacio para justificar los ingresos y egresos del mismo, en función de los gastos que se hagan para actividades propuestas por el centro a los estudiantes. Hasta el día de hoy, la conducción del Centro de Estudiantes, no ha llamado a la pertinente comisión directiva que debiera realizarse en el mes de agosto, y en la cual debería justificar todos los ingresos que actualmente están teniendo por manejar directamente el espacio de la fotocopiadora.  – La fotocopiadora que queremos:  Nuestra propuesta para este espacio es que la fotocopiadora sea gestionada por los estudiantes a través de bolsas de trabajo garantizando de esta forma un verdadero control de los precios de los apuntes para que sea verdaderamente accesible a todos los estudiantes, otorgando becas y garantizando también puestos de trabajo a estudiantes que lo necesiten. Creemos que esta forma de gestionar los espacios de la facultad es posible, ya que en otros centros de estudiantes que conducimos como Bisagra, los mismos son gestionados por los estudiantes bajo esta modalidad y efectivamente los apuntes se encuentran a un nivel de accesibilidad mucho mayor del que hoy existe en la facultad. Pero también sabemos que la actual gestión de la facultad no permite que los estudiantes a través de sus representantes tengan una real incidencia y participación en la gestión de estos espacios, denegándonos hasta los espacios de discusión y participación que nos permitirían pensar y construir conjuntamente que fotocopiadora queremos tener.

Por eso dada la situación actual:  – Instamos a la actual conducción del Centro de Estudiantes a llamar a la comisión directiva correspondiente al mes de agosto.-Instamos a la gestión de la facultad a que garantice con transparencia los procedimientos básicos que toda licitación pública requiere, otorgando participación a la representación estudiantil para que tenga incidencia. – Exigimos que se agreguen al pliego de licitación las siguientes condiciones, para que la empresa que gane la concesión deba, sí o sí: 1) Garantizar becas estudiantiles para fotocopias.2)Garantizar el control estudiantil en el precio de los apuntes. 3) Garantizar puestos de trabajo a estudiantes. 

 

COMO ESTUDIANTES ORGANIZADOS LOS INVITAMOS A FIRMAR EL PETITORIO QUE PRESENTAREMOS A LAS AUTORIDADES DE LA FACULTAD, PARA QUE LOS ESTUDIANTES LOGREMOS INCIDIR EN LA LICITACIÓN DE NUESTRA FOTOCOPIADORA. POR UNA FOTOCOPIADORA DE TODOS Y TODAS LXS ESTUDIANTES 

La Revuelta en La Bisagra

Posicionamiento sobre la situación de los trabajadores del Poder Judicial

Desde la Bisagra, Movimiento Universitario Independiente, queremos expresar nuestra solidaridad y enérgico apoyo a las medidas de fuerza que vienen llevando adelante los compañeros de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Córdoba. Entendemos que los reclamos que se vienen haciendo al Tribunal Superior de Justicia datan de mucho tiempo atrás, siendo los mismos legítimos, justos y acordes a un Sistema Judicial digno y equitativo para con sus empleados.

Cabe destacar que la medida de fuerza actual tiene razón de ser en el descuento en las remuneraciones dispuesto por el Alto Tribunal, efectuado en medio de un duro conflicto por un aumento salarial, hecho que resulta claramente desleal y que además importa persecución de tipo sindical, siendo el derecho de huelga y el de manifestarse para la consecución de sus fines, derechos indiscutibles de los sindicatos, reconocidos en la Constitución Nacional y en la Provincial, así como en Pactos internacionales y convenios de la OIT, que son ley para nuestro País.

El conflicto principal resulta ser la falta de reparto equitativo de los recursos que se destinan para el pago de las remuneraciones de magistrados y funcionarios judiciales, con los empleados, tal como sucede en el Poder Judicial de la Nación, donde los aumentos son para todos los estamentos. En los últimos tres años algunos magistrados y funcionarios tuvieron un aumento en sus remuneraciones del 135 por ciento; mientras que en el mismo lapso, un empleado recibió entre 88 y 92 por ciento. Se puede afirmar entonces que existe una discriminación en los aumentos salariales hacia los empleados que provoca un “quiebre” en el Poder Judicial, al no respetar los principios de Solidaridad y Justicia Social. Un sistema porcentual para todo el Poder Judicial, no sólo para los empleados, sino para todos los estamentos, parece ser entonces el sistema más justo y equitativo.

Repudiamos también la constante intimidación y persecución que tienen que soportar quienes reclaman un sistema más igualitario en la distribución de los aumentos salariales, en claro ejercicio de sus derechos legal y constitucionalmente consagrados.

Resulta preocupante que el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Córdoba, nuestro más alto órgano judicial, lleve adelante prácticas ostensiblemente inconstitucionales en las que se violenten derechos laborales y sindicales. Sin embargo esto no nos sorprende; ese mismo Tribunal ha sido históricamente funcional a las políticas que el gobierno provincial lleva adelante en materia de seguridad, de habitación y educación pública, de seguridad social y derechos laborales y tantas otras  que constituyen claros ejemplos de avasallamiento de derechos fundamentales que nuestra comunidad ostenta.

Es por eso que brindamos nuestro apoyo a los compañeros de la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de la Provincia de Córdoba, en su lucha por la construcción de un Sistema Judicial más justo y democrático.

UN GENOCIDA MENOS EN LAS CALLES DE ARGENTINA

En el día de la fecha se dictó sentencia y finalización a una causa por delitos de lesa humanidad conocida como “Causa Ayala” [“Ayala, Juan Domingo y otros p.ss.aa homicidio agravado doblemente calificado por alevosía y pluralidad de partícipes en concurso real (arts. 45, 55 y 80 inc. 2 y 4 del cp)” (expte. A-11-12)”].

Este juicio se deriva de la Causa Videla que en 2010 condenó a 23 represores -entre los cuales se encontraban Videla, Menéndez – por el asesinato de 31 presos políticos en 1976. Mientras se llevaba adelante aquel histórico Juicio, gracias al trabajo del Archivo Provincial de la Memoria se encontró una prueba contundente: un acta policial en la cual, además de la treintena de represores que fueron juzgados en su momento, se implicaba directamente a miembros del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Córdoba en el asesinato de Miguel Ángel Mozé, José Alberto Svaguza, Luis Verón, Eduardo Hernández, Diana Fidelman y Ricardo Young, hecho ocurrido el 17 de Mayo de 1976 en las inmediaciones del Puente Santa Fe.

Con esta nueva prueba presentada oportunamente, se remitieron las actuaciones al Juzgado Federal Nº3 a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes para que investigara la presunta participación de los siguientes agentes policiales: Jorge Zalazar, Juan Domingo Ayala, Hugo Armando Barbosa, Ricardo Rivera, Sixto Contreras y Tomás Hugo Vera (estos últimos tres fallecidos impunes).

El procedimiento en sí fue improlijo y de ilegalidad manifiesta ya que la causa fue elevada a juicio por el Juzgado Federal N°3 sin la notificación de la elevación de este desprendimiento a la organización HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) como parte querellantes, patrocinantes de las familias de dos de las víctimas, Miguel Mozé y José Alberto Svaguza, omitiendo el hecho de que las familias de dichas víctimas, representadas por los abogados del equipo de legales de HIJOS, ya habían sido constituidos como querellantes por sus familiares en el hecho que se juzga durante el juicio de 2010. Esto es un claro avasallamiento del derecho de las víctimas, lo cual es causal de una clara y contundente nulidad absoluta de la elevación a Juicio, tal como lo establece el Código Procesal Penal Argentino.

Bajo estas circunstancias, HIJOS presentó un pedido de nulidad de inicio de juicio que el Tribunal Federal N° 2 rechazó dejando a la familias Mozé y Svaguza sin el derecho de ser representados como querellantes.

Sumando a estas irregularidades y disgustos nos encontramos con que el acusado Zalazar –quien lamentablemente llegó a ser Comisario Mayor de la Policía en Democracia- fue declarado temporalmente insano al inicio del juicio sin que se pudiera presentar un perito de parte para corroborar o no esta situación, y que el acusado Barbosa está prófugo, con lo cual el juicio empezó sólo con un acusado: el policía Ayala.

A pesar de esto, fuimos acompañando el juicio, a los familiares y a los organismos por lo importante que era el juzgamiento de un genocida en nuestra provincia, firmes a nuestra convicción de la disputa por la construcción de la memoria colectiva respecto de los hechos ocurridos en la aberrante última dictadura eclesiástico-cívico-militar que azotó al país.

Hoy, Miércoles 24 de julio dio por finalizado este juicio, condenando a Juan Domingo Ayala a 12 años de prisión en cárcel común imputándolo de participe secundario de los hechos.

Desde La Bisagra, movimiento universitario independiente, celebramos la condena efectiva a Ayala en cárcel común siendo conscientes que para poder pensar una sociedad más justa donde estos hechos nunca más vuelvan a suceder es imprescindible que ningún genocida goce de la impunidad que el Estado en 20 años de silencio les ha otorgado, y siendo conscientes que estos juicios por la Memoria, Verdad y Justicia no solo son el fruto de una política de Estado que en estos últimos 10 año ha tenido como eje principal los DDHH; sino también de la incansable lucha de los organismos de DDHH, familiares, HIJOS, Abuelas, Madres.

Pero también entendemos que procedimientos irregulares como éste nos obligan a rediscutir y repensar el rol de la Justicia en la actualidad como poder institucionalizado y jerárquico que -tanto en este juicio así como en una infinidad de hechos que suceden en la sociedad a diario- nos demuestra día a día con más certeza que siempre ha estado y estará del lado de ciertos intereses del poder. Intereses que, lamentablemente, lejos están de ser los intereses de la sociedad en su integridad y, sobre todo, de los sectores sociales históricamente marginados.

Construir la Memoria Colectiva es responsabilidad de todos los ciudadanos para que en nuestro país nunca más vuelva a reinar la oscuridad, la muerte, la impunidad. Nosotros, estudiantes, futuros operadores jurídicos, debemos entender que estos procesos históricos de Memoria, Verdad y Justicia son solo un eslabón en el camino de construir una sociedad más justa, una Justicia para todos. Falta mucho pero estamos convencidos que mediante el diálogo, la militancia, el compromiso y la paciencia vamos en el camino hacia una Universidad y una Patria más inclusiva, más justa; solo a través de la lucha es que decimos que los 30.000 compañeros no han muerto, sino que viven en cada uno de nosotros en la disputa por la Justicia.

 

POR JUSTICIA LUCHARON, POR JUSTICIA LUCHAMOS!

Miguel Ángel Mozé

José Alberto Svaguza

Luis Verón

Eduardo Hernández

Diana Fidelman

Ricardo Young

  30.000 COMPAÑEROS DESPARECIDOS

PRESENTES! AHORA Y SIEMPRE!