La (in)seguridad cordobesa: Policía, Droga y Corrupción


Córdoba arde en éstos días, y a pesar de la espectacular responsabilidad de los incendios forestales que le caben al gobierno, arde por escandalosos casos de narcocorrupción. Tras una serie de contundentes informes e investigaciones que se expusieran en el programa ADN, quedó al descubierto una, hace tiempo denunciada, arcaica red policial de narcotráfico. Ésta es otra de las tantas denuncias que salpican al tejido de las fuerzas de seguridad del gobierno de De La Sota, de las que ya abundan en demasía y que poco, muy poco, ha hecho la justicia provincial para investigar.

Basta con hacer un mapeo retrospectivo de las últimas postales de la policía de Córdoba:

1. El 19 de Febrero de 2012 desaparece Facundo Rivera Alegre: el caso convulsiona a un masivo espectro de las organizaciones sindicales y de Derechos Humanos, y atraviesa al medio el accionar policial, poniendo en tela de juicio una práctica sistemática de detención, represión, tortura, y ahora, desaparición. La policía desconoce, desde hace un año y medio, el paradero del “Rubio”, y deshace hipótesis por hipótesis que la vincula. De La Sota le negó 4 audiencias a la madre de Facundo Rivera. Aún seguimos pidiendo su aparición y justicia.

2. 15 de diciembre de 2010: a espaldas de la comunidad educativa y el sector estudiantil, toda la bancada delasotista votaba la Ley Provincial de Educación 8113 que modificaba los formatos de ingreso, permanencia, contenidos y vocaciones de la educación media orientando a la formación de mano de obra barata y funcional a las medias y grandes empresas del lobby cordobés. Afuera, una protesta estudiantil era ferozmente reprimida por la policía, dejando decenas de heridos y jóvenes detenidos en uno de los episodios de caza más crueles que recuerden las manifestaciones sociales de los últimos años en la provincia. No hubo policías detenidos por la situación.

3. Aquel 25 de Octubre de 2009 desaparecía Yamila Cuello. Fuertes versiones involucran a parte de la policía en una red de trata de personas, responsable directa de su desaparición. Su familia tocó numerosas puertas, oficinas y tribunales. El caso se mantiene quieto, paralizado. La única respuesta del gobernador fue prohibir el trabajo sexual en casas, bares y wishkerías, soltando así a la clandestinidad a cientas de trabajadoras sexuales a la calle, a someterse en las peores condiciones laborales.

4. Un 14 de Abril de éste año, cuatro móviles policiales ingresaron violentamente a una comunidad campesina en “El Piquillin” reprimiendo y desalojando a 60 familias, así dando vía libre a máquinas y topadoras que voltearan sus casas y sus ranchos, dejándolos en la permeabilidad y en situación de calle. La justicia, tras resolver una medida cautelar solicitada por una supuesta propietaria, ordenó desalojar a las familias del lugar. La policía haciendo expreso caso, además intercedió a detener a 14 personas, 2 de ellas menores de edad, y así posibilitando la destrucción total de sus viviendas. No hay policías imputados al efecto.

Éstos son algunos de los casos por abuso policial y represión que porta la estructura de la policía de Córdoba. Es del dolor colectivo que por casos de corrupción desmantelados por el periodismo local recién pueda desestructurarse una mínima parte del tejido corrupto y represivo de ésta fuerza de seguridad, siendo ya, a ésta altura, considerada la policía más corrupta y selectiva de todas. 

Desde el gran arco de las organizaciones sociales y políticas, desde los organismos de derechos humanos y otras fuerzas políticas, se viene denunciando hace años el accionar discriminatorio de la policía. Es que cuenta con un sádico instrumento legal que legitima su coacción social. Hablamos del obsoleto e inconstitucional Código de Faltas, sancionado durante la última dictadura militar, que otorga un marco de acción arbitraria a la selección delictiva, liberando a la suerte a los sectores más desprotegidos. Sí, así funcionan nuestras fuerzas de seguridad: cifras de años anteriores mostraron cómo se cometía 1 detención por contravención al ilegítimo Código de Faltas cada 10 minutos en la Provincia de Córdoba. La maravillosa máquina selectiva del gobernador De La Sota y del Ministro de Seguridad Alejo Paredes, permite tener la ciudad limpia de “pobres”, “negros” y “villeros”. Así la expone como la metrópolis que crece a pasos agigantados, mientras se hunde en empréstitos públicos que soluciona con dolorosos recortes salariales, impuestazos al combustible y la suspensión de la actualización jubilatoria por seis meses. Esto nos permite pensar si el antagonismo con el resto del país y la nación es una expresión centrífuga o centrípeta, como nos quieren vender.

Denunciamos también, en idéntica responsabilidad, al Gobernador De La Sota por la caótica situación policial que envuelve a la provincia, tanto por las denuncia de represión y vínculos con la trata, como así también por las reciente causa abierta por asociación ilícita en el narcotráfico. De esto, y de todo, Alejo Paredes (Ministro de Seguridad) está absolutamente informado, ya que no solamente dice conocer la reciente vinculación de Viarnes, quién es el principal testigo de todas las maniobras de la policía, con el Jefe de la policía Ramón Frías, sino que también conocía el accionar de la División Drogas Peligrosas a cargo del reciente pasado a licencia Comisario Mayor Rafael Sosa. Paredes, quién ya cuenta con diversas denuncia de organismos de DDHH por incumplimiento de los deberes de funcionario público, es el principal responsable del marco de acción de sus fuerzas de seguridad. A él le pesa la directa responsabilidad.

Exigimos la renuncia del Jefe de Policía, denunciado por su actuar en la última dictadura militar, Ramón Frías. Consideramos a él, junto con Paredes, responsables políticos de la desastrosa maniobra que atraviesa transversalmente a la policía provincial.

Así también hacemos especial mención a la situación jurídica inconstitucional que ha dado origen el gobernador De La Sota, dando existencia a los ficticios “Tribunales Intermedios” a operar y tomar injerencia en una materia federal como es el “Tráfico, portación y tenencia de estupefacientes”. Nos preguntamos, muy sutilmente, si De La Sota habrá creado estos cargos jurisdiccionales intermedios para manejar una pequeña caja del narcotráfico que escapaba a la rentabilidad de sus arcas, y así poder controlar el “chiquitaje” del narcotráfico. Perseguir al consumidor, al pobre puntero, al de la posesión menor, es también para De La Sota un portal de negocios. Y así lo ha demostrado con sus fuerzas policiales.

Desde La Bisagra, Movimiento Universitario Independiente, exigimos el inmediato esclarecimiento del bochornoso escándalo de narcotráfico que envuelve a la represora policía de Córdoba y exigimos:


– La renuncia del Jefe de Policía Ramón Frías y del Ministro de Seguridad Alejo Paredes, ambos responsables políticos de una policía narcotraficante y represiva, que toma por asalto a los barrios, utiliza a los pibes para sus fraudulentos manejos y son directos responsables de la situación de vulnerabilidad jurídica.


– La declaración de inconstitucionalidad del fallo del TSJ que reconoce a la Justicia de Córdoba como legitimada a conocer y tratar en casos de “último eslabón de tráfico de drogas”. La comercialización, portación y tenencia de estupefacientes es una materia federal, y como tal, son aquellos tribunales los únicos que pueden conocer.


– Investigación de la estructura policial en el caso por la desaparición de Facundo Rivera Alegre y Yamila Cuello


– Exoneración de todos los policías cómplices en el reciente caso de narcotráfico


– Repudiamos los dichos del Jefe de Gabinete Oscar González intentando desligar de responsabilidad a la policía a su cargo.

¡Basta de la represiva y corrupta policía de De La Sota!

 

UN GENOCIDA MENOS EN LAS CALLES DE ARGENTINA

En el día de la fecha se dictó sentencia y finalización a una causa por delitos de lesa humanidad conocida como “Causa Ayala” [“Ayala, Juan Domingo y otros p.ss.aa homicidio agravado doblemente calificado por alevosía y pluralidad de partícipes en concurso real (arts. 45, 55 y 80 inc. 2 y 4 del cp)” (expte. A-11-12)”].

Este juicio se deriva de la Causa Videla que en 2010 condenó a 23 represores -entre los cuales se encontraban Videla, Menéndez – por el asesinato de 31 presos políticos en 1976. Mientras se llevaba adelante aquel histórico Juicio, gracias al trabajo del Archivo Provincial de la Memoria se encontró una prueba contundente: un acta policial en la cual, además de la treintena de represores que fueron juzgados en su momento, se implicaba directamente a miembros del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Córdoba en el asesinato de Miguel Ángel Mozé, José Alberto Svaguza, Luis Verón, Eduardo Hernández, Diana Fidelman y Ricardo Young, hecho ocurrido el 17 de Mayo de 1976 en las inmediaciones del Puente Santa Fe.

Con esta nueva prueba presentada oportunamente, se remitieron las actuaciones al Juzgado Federal Nº3 a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes para que investigara la presunta participación de los siguientes agentes policiales: Jorge Zalazar, Juan Domingo Ayala, Hugo Armando Barbosa, Ricardo Rivera, Sixto Contreras y Tomás Hugo Vera (estos últimos tres fallecidos impunes).

El procedimiento en sí fue improlijo y de ilegalidad manifiesta ya que la causa fue elevada a juicio por el Juzgado Federal N°3 sin la notificación de la elevación de este desprendimiento a la organización HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) como parte querellantes, patrocinantes de las familias de dos de las víctimas, Miguel Mozé y José Alberto Svaguza, omitiendo el hecho de que las familias de dichas víctimas, representadas por los abogados del equipo de legales de HIJOS, ya habían sido constituidos como querellantes por sus familiares en el hecho que se juzga durante el juicio de 2010. Esto es un claro avasallamiento del derecho de las víctimas, lo cual es causal de una clara y contundente nulidad absoluta de la elevación a Juicio, tal como lo establece el Código Procesal Penal Argentino.

Bajo estas circunstancias, HIJOS presentó un pedido de nulidad de inicio de juicio que el Tribunal Federal N° 2 rechazó dejando a la familias Mozé y Svaguza sin el derecho de ser representados como querellantes.

Sumando a estas irregularidades y disgustos nos encontramos con que el acusado Zalazar –quien lamentablemente llegó a ser Comisario Mayor de la Policía en Democracia- fue declarado temporalmente insano al inicio del juicio sin que se pudiera presentar un perito de parte para corroborar o no esta situación, y que el acusado Barbosa está prófugo, con lo cual el juicio empezó sólo con un acusado: el policía Ayala.

A pesar de esto, fuimos acompañando el juicio, a los familiares y a los organismos por lo importante que era el juzgamiento de un genocida en nuestra provincia, firmes a nuestra convicción de la disputa por la construcción de la memoria colectiva respecto de los hechos ocurridos en la aberrante última dictadura eclesiástico-cívico-militar que azotó al país.

Hoy, Miércoles 24 de julio dio por finalizado este juicio, condenando a Juan Domingo Ayala a 12 años de prisión en cárcel común imputándolo de participe secundario de los hechos.

Desde La Bisagra, movimiento universitario independiente, celebramos la condena efectiva a Ayala en cárcel común siendo conscientes que para poder pensar una sociedad más justa donde estos hechos nunca más vuelvan a suceder es imprescindible que ningún genocida goce de la impunidad que el Estado en 20 años de silencio les ha otorgado, y siendo conscientes que estos juicios por la Memoria, Verdad y Justicia no solo son el fruto de una política de Estado que en estos últimos 10 año ha tenido como eje principal los DDHH; sino también de la incansable lucha de los organismos de DDHH, familiares, HIJOS, Abuelas, Madres.

Pero también entendemos que procedimientos irregulares como éste nos obligan a rediscutir y repensar el rol de la Justicia en la actualidad como poder institucionalizado y jerárquico que -tanto en este juicio así como en una infinidad de hechos que suceden en la sociedad a diario- nos demuestra día a día con más certeza que siempre ha estado y estará del lado de ciertos intereses del poder. Intereses que, lamentablemente, lejos están de ser los intereses de la sociedad en su integridad y, sobre todo, de los sectores sociales históricamente marginados.

Construir la Memoria Colectiva es responsabilidad de todos los ciudadanos para que en nuestro país nunca más vuelva a reinar la oscuridad, la muerte, la impunidad. Nosotros, estudiantes, futuros operadores jurídicos, debemos entender que estos procesos históricos de Memoria, Verdad y Justicia son solo un eslabón en el camino de construir una sociedad más justa, una Justicia para todos. Falta mucho pero estamos convencidos que mediante el diálogo, la militancia, el compromiso y la paciencia vamos en el camino hacia una Universidad y una Patria más inclusiva, más justa; solo a través de la lucha es que decimos que los 30.000 compañeros no han muerto, sino que viven en cada uno de nosotros en la disputa por la Justicia.

 

POR JUSTICIA LUCHARON, POR JUSTICIA LUCHAMOS!

Miguel Ángel Mozé

José Alberto Svaguza

Luis Verón

Eduardo Hernández

Diana Fidelman

Ricardo Young

  30.000 COMPAÑEROS DESPARECIDOS

PRESENTES! AHORA Y SIEMPRE!