Código de Faltas

Comisión Código de Faltas

“Desde hace ya varios años, desde La Revuelta en La Bisagra, vemos con preocupación el modo en que se desarrollan e implementan las políticas de seguridad en nuestra Provincia y es por ello que abrimos un espacio de trabajo dentro de la Facultad para generar el debate estudiantil en torno a políticas públicas de seguridad, el Código de Faltas vigente en la provincia de Córdoba y las consecuencias político-sociales que éste genera.

En este sentido, entendemos el Derecho como principal instrumento que diagrama y organiza coactivamente lo social,  susceptible de ser el eje fundamental a la hora de generar transformaciones sociales como así también el bastión a la hora de impedirlas. Comenzamos a enmarcar parte de nuestro trabajo en esa dirección, formándonos conjuntamente con organizaciones sociales, docentes, referentes en el área y compañerxs independientes y orientando la búsqueda desde la concientización social a través de talleres en el territorio, hasta la inclusión de nuevos paradigmas en los cuerpos legislativos, herramienta imprescindible en esta y en cualquier disputa social.

Consideramos que el actual cuerpo normativo en materia de Faltas representa un fiel reflejo de ideologías político-sociales puntuales generadoras de exclusión, desigualdad y violencia que como estudiantes y futuros profesionales no podemos desconocer.

Institutos como la “omisión de identificarse” y el “merodeo”, cuya derogación se pretende, funcionan como sustento legal de la criminalización de determinado sector social y su respectiva cultura. En contraposición a esto realzamos la importancia de la disminución de la aplicación de la prisión preventiva y de la posibilidad de actuación de oficio, la co-culpabilidad social, el aseguramiento del derecho de defensa, el acceso a un tribunal independiente, imparcial y distinto a las fuerzas policiales, la definición de las acciones punibles, entre otros derechos y garantías como ejes fundamentales a la hora de impulsar cambios sustanciales en materia de seguridad pública, siempre con el objetivo de construir una sociedad más justa e igualitaria.

Resulta necesario destacar que la seguridad de un determinado sector social nunca puede estructurarse sobre la base de la vulneración de derechos de otro sector social. Es tiempo de que se remuevan los obstáculos de inconstitucionalidad de la actual normativa, hora de recuperar garantías vulneradas. Encaminamos nuestros pasos para que la criminalización y judicialización de la pobreza dejen de ser los resultados de prejuicios enmascarados en ley en pos de un nuevo Código de Convivencia.

La Comisión de Trabajo funciona anualmente en dos etapas. Inicia durante el primer semestre, período donde realizamos una Convocatoria para trabajar conjuntamente con compañerxs estudiantes de la facultad que deseen sumarse a esta actividad y nos formamos colectivamente en la temática compartiendo diversos talleres donde participan docentes y referentes de Organizaciones Sociales que nos convidan desde experiencias personales hasta herramientas jurídicas concretas. Luego, en el segundo semestre llevamos lo aprehendido al territorio (Barrios, Escuelas Secundarias) donde la problemática se siente, aún más, en carne propia y los aprendizajes se encuentran, amplían y expanden.”

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