UN GENOCIDA MENOS EN LAS CALLES DE ARGENTINA

En el día de la fecha se dictó sentencia y finalización a una causa por delitos de lesa humanidad conocida como “Causa Ayala” [“Ayala, Juan Domingo y otros p.ss.aa homicidio agravado doblemente calificado por alevosía y pluralidad de partícipes en concurso real (arts. 45, 55 y 80 inc. 2 y 4 del cp)” (expte. A-11-12)”].

Este juicio se deriva de la Causa Videla que en 2010 condenó a 23 represores -entre los cuales se encontraban Videla, Menéndez – por el asesinato de 31 presos políticos en 1976. Mientras se llevaba adelante aquel histórico Juicio, gracias al trabajo del Archivo Provincial de la Memoria se encontró una prueba contundente: un acta policial en la cual, además de la treintena de represores que fueron juzgados en su momento, se implicaba directamente a miembros del Comando Radioeléctrico de la Policía de la Provincia de Córdoba en el asesinato de Miguel Ángel Mozé, José Alberto Svaguza, Luis Verón, Eduardo Hernández, Diana Fidelman y Ricardo Young, hecho ocurrido el 17 de Mayo de 1976 en las inmediaciones del Puente Santa Fe.

Con esta nueva prueba presentada oportunamente, se remitieron las actuaciones al Juzgado Federal Nº3 a cargo del Dr. Alejandro Sánchez Freytes para que investigara la presunta participación de los siguientes agentes policiales: Jorge Zalazar, Juan Domingo Ayala, Hugo Armando Barbosa, Ricardo Rivera, Sixto Contreras y Tomás Hugo Vera (estos últimos tres fallecidos impunes).

El procedimiento en sí fue improlijo y de ilegalidad manifiesta ya que la causa fue elevada a juicio por el Juzgado Federal N°3 sin la notificación de la elevación de este desprendimiento a la organización HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) como parte querellantes, patrocinantes de las familias de dos de las víctimas, Miguel Mozé y José Alberto Svaguza, omitiendo el hecho de que las familias de dichas víctimas, representadas por los abogados del equipo de legales de HIJOS, ya habían sido constituidos como querellantes por sus familiares en el hecho que se juzga durante el juicio de 2010. Esto es un claro avasallamiento del derecho de las víctimas, lo cual es causal de una clara y contundente nulidad absoluta de la elevación a Juicio, tal como lo establece el Código Procesal Penal Argentino.

Bajo estas circunstancias, HIJOS presentó un pedido de nulidad de inicio de juicio que el Tribunal Federal N° 2 rechazó dejando a la familias Mozé y Svaguza sin el derecho de ser representados como querellantes.

Sumando a estas irregularidades y disgustos nos encontramos con que el acusado Zalazar –quien lamentablemente llegó a ser Comisario Mayor de la Policía en Democracia- fue declarado temporalmente insano al inicio del juicio sin que se pudiera presentar un perito de parte para corroborar o no esta situación, y que el acusado Barbosa está prófugo, con lo cual el juicio empezó sólo con un acusado: el policía Ayala.

A pesar de esto, fuimos acompañando el juicio, a los familiares y a los organismos por lo importante que era el juzgamiento de un genocida en nuestra provincia, firmes a nuestra convicción de la disputa por la construcción de la memoria colectiva respecto de los hechos ocurridos en la aberrante última dictadura eclesiástico-cívico-militar que azotó al país.

Hoy, Miércoles 24 de julio dio por finalizado este juicio, condenando a Juan Domingo Ayala a 12 años de prisión en cárcel común imputándolo de participe secundario de los hechos.

Desde La Bisagra, movimiento universitario independiente, celebramos la condena efectiva a Ayala en cárcel común siendo conscientes que para poder pensar una sociedad más justa donde estos hechos nunca más vuelvan a suceder es imprescindible que ningún genocida goce de la impunidad que el Estado en 20 años de silencio les ha otorgado, y siendo conscientes que estos juicios por la Memoria, Verdad y Justicia no solo son el fruto de una política de Estado que en estos últimos 10 año ha tenido como eje principal los DDHH; sino también de la incansable lucha de los organismos de DDHH, familiares, HIJOS, Abuelas, Madres.

Pero también entendemos que procedimientos irregulares como éste nos obligan a rediscutir y repensar el rol de la Justicia en la actualidad como poder institucionalizado y jerárquico que -tanto en este juicio así como en una infinidad de hechos que suceden en la sociedad a diario- nos demuestra día a día con más certeza que siempre ha estado y estará del lado de ciertos intereses del poder. Intereses que, lamentablemente, lejos están de ser los intereses de la sociedad en su integridad y, sobre todo, de los sectores sociales históricamente marginados.

Construir la Memoria Colectiva es responsabilidad de todos los ciudadanos para que en nuestro país nunca más vuelva a reinar la oscuridad, la muerte, la impunidad. Nosotros, estudiantes, futuros operadores jurídicos, debemos entender que estos procesos históricos de Memoria, Verdad y Justicia son solo un eslabón en el camino de construir una sociedad más justa, una Justicia para todos. Falta mucho pero estamos convencidos que mediante el diálogo, la militancia, el compromiso y la paciencia vamos en el camino hacia una Universidad y una Patria más inclusiva, más justa; solo a través de la lucha es que decimos que los 30.000 compañeros no han muerto, sino que viven en cada uno de nosotros en la disputa por la Justicia.

 

POR JUSTICIA LUCHARON, POR JUSTICIA LUCHAMOS!

Miguel Ángel Mozé

José Alberto Svaguza

Luis Verón

Eduardo Hernández

Diana Fidelman

Ricardo Young

  30.000 COMPAÑEROS DESPARECIDOS

PRESENTES! AHORA Y SIEMPRE!